ALBERTO BUITRE .- Más de 70 mil detenidos – desaparecidos se cuentan en México en lo que va de tres administraciones presidenciales, incluida la actual de Enrique Peña Nieto, donde, de diciembre a la fecha, yacen 68 luchadores sociales sin paradero en 15 Estados del país, principalmente Guerrero.
En la cifra se incluye la desaparición forzada de Teodulfo Torres alias “El Tio”, quien fuera el principal testigo de la agresión a Juan Francisco KuyKendall por parte de granaderos durante las protestas por la toma presidencial de Peña Nieto del 1 de diciembre. De ella, el activista resultó con exposición de masa cerebral tras el disparo de una bala de goma que le estalló en la cabeza, causándole daños irreversibles a su salud.
Los casos fueron expuestos en el Foro “Derechos Humanos y Desaparición Forzada en México” organizado por la Fundación Arturo Herrera Cabañas, donde la coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, Nadín Reyes Maldonado –hija del militante del Partido Democrático Popular Revolucionario, Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR), Edmundo Reyes Amaya, desaparecido en 2007 junto a Gabriel Alberto Cruz Sánchez-, denunció que no existe voluntad política por parte del Estado mexicano para legislar en materia de desaparición forzada y únicamente se “mediatiza el descontento” de las víctimas mediante la creación de fiscalías que no cuentan con presupuesto. Actualmente, 15 entidades mexicanas han creado estos instrumentos.
Rechazó la vigente Ley de Víctimas, creada por el ex presidente Felipe Calderón para viabilizar las denuncias por la guerra contra el narcotráfico, pues solamente reconoce la existencia de 26 mil detenidos-desaparecidos sin que el Gobierno federal asuma su responsabilidad “por comisión, omisión o aquiescencia en la detención-desaparición y en la no presentación de las víctimas de ese delito de lesa humanidad”.
Terror social evolucionado
En su participación, el académico del área de derechos humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Ramón Islas, sentenció que en el marco de la guerra contra el narcotráfico, han evolucionado las técnicas de implantación del terror social en el país.
Además de la detención y desaparición forzada de personas, existen nuevas formas de represión como secar el agua de las comunidades, quema de cultivos y chozas, agresiones sexuales y criminalización de la protesta social, mencionó.
Islas señaló que actualmente se vive una “etapa de guerra irregular” sobre el combate a las drogas, donde grupos de narcotraficantes o delincuenciales no identificados también están dedicados a la desaparición de personas.
Pero también el Ejército se ha dedicado a desaparecer. Su intervención en las detenciones y desapariciones forzadas contra activistas se evidencia en el caso Rosendo Radilla, campesino guerrerense quien fuera ‘levantado’por soldados el 25 de agosto de 1974 en las inmediaciones del ex cuartel del Ejército en municipio de Atoyac de Álvarez, en un caso que mereció la condena dela Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el 2005, por lo cual obligó el acotamiento del fuero castrense al tratarse de víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de la Defensa Nacional. Sin embargo –apuntó-, la Armada está empeñada en ampliar su jurisdicción, a razón de la actual guerra contra las drogas.
En ese sentido, la detención-desaparición de luchadores sociales y activistas de los derechos humanos es una actividad enfocada a disuadir la resistencia de las organizaciones frente al abuso de poder y la represión, y ya no es una situación privativa de la violencia en el norte de México
“Por todo el territorio mexicano se está regando sangre del pueblo trabajador, que se refleja aunado a los miles de detenidos desaparecidos, las ejecuciones extrajudiciales y encarcelamientos injustos. Lo que en un principio se creía que era un clima de terror privativo sólo de las ciudades del norte, hoy este laboratorio criminal se está extendiendo a todos los rincones del país”, señaló.
En se sentido, el Foro concluyó que existen en México 68 activistas de los derechos humanos en calidad de desaparecidos bajo la administración de Peña Nieto y se han contabilizado 100 detenciones arbitrarias de defensores, en lo que va del año.
Luis Alberto Rodríguez 
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