A pesar que el derecho a la información y la libertad de expresión son garantías protegidas por las leyes y al Constitución en México, la realidad sobre ambas dista mucho de lo que en el papel se ha escrito como buenas intenciones. Mucho se sabe y se ha documentado sobre las violaciones en la materia cometidos por el Estado mexicano. Empero, ¿dónde comienzan a transgredirse los derechos de un periodista? Al analizar las condiciones de trabajo que implican la negación de seguridad social y laboral, tanto como las restricciones editoriales que conllevan a la censura con el fin precario de conservar el trabajo, parece fácil responder: En México, los primeros en violar la libertad de expresión y el derecho a la información –y, por ende, las garantías del periodista-, son los medios mismos y sus dueños.

Piénsese en el siguiente ejemplo:

Una reportera, madre soltera de un hijo, trabaja seis días a la semana sin horario habitual con un salario de 6 mil pesos al mes. El periódico no la tiene inscrita en el IMSS porque la empresa opera bajo el régimen de outsourcing o subcontratación, que obliga a su trabajadora a obtener su sueldo vía recibo de honorarios, pagando casi el 30 por ciento de su salario en impuestos, quedándole ingresos efectivos por 4 mil 200 pesos, con lo cual debe mantener, por ejemplo, la salud de su hijo si éste llegara a enfermar; sin embargo, al no acceder a seguridad social, deberá acudir, cada vez, a un médico particular que no es cubierto por la empresa. Así mismo, si llegara a faltar, el régimen laboral en el que está inmersa le descontará el día sino justifica medicamente su ausencia, pero da la causalidad, que sólo admite certificados del IMSS. Al mismo tiempo, su desarrollo profesional se ve limitado por los tratos comerciales-editoriales del periódico, los que determinan qué y cómo debe hacer su trabajo, sin que en ello medien sus criterios éticos o morales. De lo contrario, la reportera perderá su trabajo, incluso en el extremo de ver afectados sus intereses familiares o profesionales, sin siquiera poder alegar despido injustificado puesto que la política empresarial le hace firmar su renuncia “voluntariamente”.

Las razones con conllevan lo anterior se cuentan por miles o millones de pesos. Los medios como la conocemos alegan sus derechos, cuando sus intereses son trastocados. Quien piense lo contrario, sólo aviva una ilusión.